El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad(CERMI) ha remitido un informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que explica los avances en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad en el Estado español desde el año 2015.

Este informe ha sido elaborado por el CERMI ante el próximo Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometido España por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de hacer un relato evolutivo de la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en los últimos cuatro años.

El documento ha sido elevado también al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para que conste al Ejecutivo español la posición de la sociedad civil en esta materia.

Entre las observaciones que no se han cumplido, el documento destaca la ampliación de la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad y ante la denegación de ajustes razonables; la revisión de las disposiciones legislativas que autorizan la privación de libertad por motivos de discapacidad; el impulso de políticas para luchar contra la violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad y asegurar su acceso a un sistema de respuesta integrado, y la mejora de las tasas de actividad laboral de las personas con discapacidad.

De igual forma, el CERMI lamenta que no se haya erradicado la práctica de esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren especialmente las mujeres y niñas. Asimismo, advierte de que no hayan concluido los trabajos legislativos para modificar el Código Civil y pasar de un sistema de sustitución de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos en la toma de decisiones, al tiempo que critica las carencias en el derecho a la educación inclusiva para todo el alumnado con discapacidad.

Por otro lado, pone también el foco en el incumplimiento de los mandatos legales en materia de accesibilidad universal, lo que supone “un auténtico fracaso en las políticas públicas españolas”. Así, recuerda que el 4 de diciembre de 2017 expiraba el límite legal temporal para alcanzar la accesibilidad universal de todos los entornos, productos y servicios.

“ESPAÑA SIGUE LLENA DE MUROS, BARRERAS Y OBSTÁCULOS SIN QUE HAYA HABIDO UNA REACCIÓN LEGAL PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y CASTIGAR LAS VULNERACIONES”, RECALCA EL INFORME.

Asimismo, el CERMI expresa su preocupación por la no reversión de los recortes de derechos, prestaciones y apoyos como consecuencia de la crisis económica y de las políticas de austeridad de los poderes públicos aplicadas desde 2008. Del mismo modo, denuncia que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad no ha permeado por igual en todas las administraciones del Estado español, existiendo carencias importantes  en este sentido en las comunidades autónomas, así como en los operadores jurídicos.

AVANCES

En relación con las recomendaciones que sí se han llevado a cabo desde 2015, destaca la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en 2018, que devolvió el derecho al voto a casi 100.000 personas que estaban privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo.

También sobresale el fortalecimiento de las garantías procesales de las personas con discapacidad ante un proceso judicial; la reforma de la Ley Orgánica del Jurado Popular para permitir que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales; la eliminación de la discriminación que sufrían determinadas personas con discapacidad a la hora de contraer matrimonio, y la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que refuerza la dimensión social de la contratación por parte de las administraciones.

La aprobación por parte del Gobierno de España del Día Nacional de la Convención de la Discapacidad de la ONU; la constitución de sendas comisiones de discapacidad en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con carácter permanente y legislativo, y la creación del Foro Justicia y Discapacidad y de una fiscalía especializada de discapacidad son otros de los avances enumerados por el CERMI ante el informe remitido a la ONU y al Ministerio de Asuntos Exteriores.

https://periodistas-es.com/discapacidad-el-cermi-notifica-a-la-onu-los-avances-en-derechos-humanos-en-espana-131070

Fundación ONCE y el Cermi han presentado el estudio ‘Acoso y ciberacoso escolar en alumnado con discapacidad’.

Los datos son concluyentes: el 79’5% del alumnado con discapacidad, junto a padres y profesionales de la educación, apuntan a un factor determinante para sufrir acoso escolar, el hecho de ‘ser diferente’.

BURLAS, AISLAMIENTO, RECHAZO, VIOLENCIA, CIBERCACOSO SON LAS FORMAS MÁS COMUNES QUE EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD PADECE APARTE DE UNA FALTA DE EMPATÍA, SOLIDARIDAD Y ABANDONO POR PARTE DE LOS QUE ALGUNA VEZ FUERON SUS AMIGOS.

El estudio advierte que las situaciones de acoso hacia los alumnos con discapacidad se prolongan durante años, y pueden abarcar toda la etapa escolar, siendo ejercidas casi siempre por un pequeño grupo de compañeros de su entorno más próximo, por ejemplo otros alumnos de su misma clase.

 

LAS REACCIONES, MUY NEGATIVAS, SUELEN PASAR POR CONSECUENCIAS ACADÉMICAS, EMOCIONALES Y SOCIALES, TALES COMO UNAS PEORES CALIFICACIONES, LA AUSENCIA DE MOTIVACIÓN PARA IR A CLASE, TRISTEZA Y GANAS DE LLORAR.

Por regla general, las familias de los menores acosadores niegan esta actitud y las familias de los acosados reconocen que no saben cómo abordar el asunto para ayudar a la persona con discapacidad.

Si bien es cierto que la reacción de la comunidad educativa varía, aunque una 40% de los profesionales afirma reaccionar defendiendo a víctima y poniendo la situación en conocimiento del profesorado; más de la mitad de los profesionales del ámbito educativo, reconoce ser conocedores de la situación de acoso por el testimonio de un compañero de la víctima o incluso por la misma víctima. Cuando se toma conciencia de la situación se activan protocolos internos de centro, antes de utilizar procedimientos externos de denuncia.

El estudio recomienda, entre otras acciones, desarrollar protocolos de prevención, detección e intervención que incorporen las necesidades reales y específicas del alumnado con discapacidad; el favorecimiento del trabajo interdisciplinar con los alumnos, para que puedan reconocer, evitar, verbalizar y denunciar posibles actitudes de acoso; trabajar con las familias; elaborar guías que orienten el buen uso de las redes sociales; o fomentar la figura del ‘alumno ayudante’.

https://periodistas-es.com/estudio-acoso-ciberacoso-escolar-alumnado-discapacidad-en-espana-131079

La edad ordinaria de jubilación exigida en cada momento puede ser reducida, mediante la aplicación de coeficientes reductores.

En el caso de trabajadores con una discapacidad, ésta debe ser igual o superior al 65% o, del 45%, siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas en las que concurran evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de esas personas.

¿Qué ocurre si me jubilo anticipadamente?

Las personas con discapacidad en España pueden jubilarse anticipadamente, aunque este derecho depende del grado de discapacidad acreditada:

  • Discapacidad igual o superior al 65 %: la jubilación de personas con discapacidad de más del 65 % se regula por el RD 1539/2003; los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General y algunos regímenes especiales, que realicen una actividad retribuida y durante ésta acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 %. tienen derecho a una reducción en la edad de jubilación en un periodo equivalente al que resulte de multiplicar por 0,25 el tiempo efectivamente trabajado. Habrá que multiplicar por 0,50 en los casos en que el trabajador además acredite la necesidad de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria. Lo veréis mejor con un ejemplo: si un trabajador con esa discapacidad ha trabajado durante 10 años, la edad ordinaria de jubilación se rebajará en 2,5 años (64,5 años) y si, además, es dependiente de otra persona, la edad se rebajará en 5 años (62 años).
  • Discapacidad igual o superior al 45 %: para aquellas personas con discapacidad entre el 45 % y el 65 % (la jubilación se regula por el RD 1851/2009) también existe una reducción de la edad ordinaria de jubilación. Este caso aplica, y a diferencia del anterior, tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los autónomos que acrediten estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha de la jubilación y que, a lo largo de su vida laboral, hayan trabajado un tiempo efectivo de, al menos, 15 años y se vean afectados por determinadas discapacidades. En este caso, la edad mínima de jubilación se establece en 56 años. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación.

Por otro lado, en abril de 2013, se aprobó una norma que facilita el acceso de personas con discapacidad a las pensiones contributivas. Aquellos que, por dificultades de inserción laboral no han podido completar el periodo de cotización mínimo necesario para tener derecho a una pensión de este tipo (15 años), podrán cotizar a la Seguridad Social pagando una cuota mensual de 190 € y sin tener que trabajar.

Además, cualquier persona mayor de edad que no hay cumplido la edad mínima para la jubilación ordinaria, residente en España que tenga reconocida una discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral (esto es parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual igual o superior al 33 % o física o sensorial igual o superior al 65 %) podrá acogerse al convenio especial para las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral.

 

La jubilación anticipada a los 55 años por discapacidad es posible

Si tienes una discapacidad reconocida del 65% o más, tienes derecho por ley a jubilarte a los 52 años. Si tu porcentaje está entre el 45 y el 64%, y padeces alguna enfermedad de las mencionadas anteriormente, también podrás hacerlo aunque a los 56 años.

Asimismo, existen prestaciones familiares adicionales para las familias de las personas con discapacidad:

  • Con hijos o personas a cargo menores de 18 años y con discapacidad igual o superior al 33 %: 1.000 € anuales.
  • Con hijos o personas a cargo mayores a 18 años y discapacidad igual o superior al 65 %: 4.426,8 € anuales.
  • Con hijos o personas a cargo mayores de 18 años con discapacidades por encima del 75 % y ayuda necesaria de otra persona para realizar sus actos vitales: 6.640,8 € anuales. También en familias con madres con discapacidad igual o superior al 65 %, las prestaciones pueden sumar 1.000 € más al año.

Además, los empresarios que contraten a personas con una discapacidad mínima del 33 %, pueden disfrutar de recortes en la cuantía necesaria que han de aportar por ese trabajador en la Seguridad Social.

https://www.globalnews10.com/jubilacion-discapacidad/

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