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El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible aprobado por el Consejo de Ministros busca proteger a los consumidores y al Medio Ambiente a través de medidas que promuevan un consumo consciente y responsable en un marco normativo que desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que “representa una oportunidad crucial para avanzar en dignidad y en derechos para todas las personas”.
Por ello, han reclamado que esta Ley omite la dimensión social de la sostenibilidad, específicamente, los derechos y necesidades de las personas con discapacidad como consumidoras que garanticen un consumo inclusivo y accesible. Y han basado estas reivindicaciones en cuatro ejes clave: la accesibilidad universal; la toma de conciencia y el lenguaje inclusivo; la igualdad, no discriminación y acceso a la justicia; y el diálogo civil.
Ejes clave para un consumo inclusivo y accesible
En cuanto a la accesibilidad universal, el CERMI alega que ésta debe incorporarse de forma transversal en todo el texto normativo. Además, exige que la información, tanto física como digital, se presente en formatos comprensibles y accesibles para todas las personas, sin ambigüedades, como "clara y legible".
El CERMI considera que el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible utiliza un lenguaje genérico que invisibiliza la diversidad de las personas consumidoras, por ello cree que en lugar de señalar que la información accesible se facilitará "principalmente" al colectivo de personas consumidoras vulnerables, la ley debería establecer que la información ha de ser universalmente accesible para todas las personas, con especial atención en el caso de personas consumidoras y usuarias vulnerables.
La igualdad, no discriminación y acceso a la justicia en la Ley debería contemplar mecanismos explícitos para prevenir la discriminación por motivos de discapacidad. Por ejemplo, reclaman como elemento esencial la sustitución de bienes o productos durante una reparación, la cual el texto deja a discreción del vendedor. “Para personas mayores o con discapacidad que dependen de productos de apoyo prioritarios, la falta de un sustituto es una barrera que impide la realización de actividades de la vida diaria”, por ello, el CERMI propone que la provisión de un bien de sustitución sea obligatoria en el caso de productos de apoyo prioritarios para personas con discapacidad y personas mayores, como un ajuste razonable fundamental para garantizar la no discriminación.
Por último, el cuarto eje que aborda el diálogo civil considera imprescindible la participación activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones en el desarrollo y seguimiento de la ley, con el objetivo de que la normativa sea “verdaderamente inclusiva”.
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